Institucional


Definición y funciones

El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires tiene su razón de ser en el cumplimiento del nuevo rol del Estado, derivado del proceso de privatización y concesión de actividades de interés general y de servicio público en materia eléctrica en jurisdicción provincial.

En tal sentido el artículo 6ª de la Ley 11.769 dispone que "Será Organismo de Control en materia de energía eléctrica el ente que se crea por la presente Ley en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (hoy de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos) y que se denominará conforme la reglamentación y que tendrá la organización y atribuciones indicadas en el Capítulo XIII de esta Ley".

A su vez, el artículo 6º del Decreto Reglamentario N° 1.208/97 establece que el Ente creado por el artículo 6º de la Ley 11.769 se denominará Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Si bien las actividades eléctricas comprenden a la generación, transporte y distribución, OCEBA cumple un rol destacado en esta última, a consecuencia, en primer lugar, del deslinde jurisdiccional que establece el artículo 75, inciso 13, "cláusula de comercio", que limita la intervención de la Provincia en algunas cuestiones derivadas de la interconexión y en segundo término, por el control que ejerce sobre tres (3) distribuidores con concesión provincial -: EDEN S.A., EDEA S.A., EDES S.A. - y casi doscientos (200) distribuidores con concesión municipal bajo la forma de Cooperativa o Sociedad de Economía Mixta, en la dilatada superficie territorial de casi 300.000 Km2, excluyéndose el Conurbano Bonaerense y la ciudad de La Plata y sus alrededores, pertenecientes hasta hoy a la jurisdicción nacional.

Las funciones que la ley acuerda al Organismo de Control se rigen por el principio de la especialidad de la competencia, atribuyéndosele actividades de control y fiscalización, normativas y jurisdiccionales en materia eléctrica.

Entre las primeras - de control y fiscalización - se encuentran las de hacer cumplir la ley, el reglamento y los contratos de concesión, controlando la calidad técnica y comercial, fiscalizando la seguridad, el medio ambiente, exigiendo el cumplimiento de los cuadros tarifarios y aplicando las sanciones pertinentes cuando ello corresponda.

Entre las segundas - de carácter normativo - se encuentran las de reglamentar los procedimientos de audiencias públicas, de aplicación de sanciones, de controversias y todas aquellas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines legales. 
Por último - en su rol de tercero imparcial - dicta actos administrativos de alcance jurisidiccional, con control judicial suficiente, interviniendo en forma previa y obligatoria en toda controversia entre agentes de la actividad eléctrica provincial, como así también en los casos de usuarios residenciales que opten por la vía del Ente.

El derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y a la protección de los usuarios en su salud, seguridad, intereses económicos, información adecuada y veraz, trato equitativo y digno, educación para el consumo, calidad y eficiencia de los servicios públicos y vías procesales eficaces, todos de raigambre constitucional (artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional y 28 y 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), tienen su debida inserción en la normativa regulatoria vigente y son protegidos por OCEBA.

La competencia acordada a OCEBA en materia de control y fiscalización, normativa y jurisdiccional, conforman funciones de la moderna ciencia denominada "Regulación Económica de los Servicios Públicas", caracterizada por el aporte multidisciplinario en lo técnico, económico y jurídico, con destino a la concreción del bien común. 
El sistema normativo que aplica OCEBA se conforma al orden constitucional y está constituído por el marco regulatorio de las actividades, al cual podemos definir como un cuerpo normativo complejo, de carácter técnico, económico y jurídico, integrado por la Ley 11.769, el Decreto Reglamentario N° 1.208/97, los anexos correspondientes al contrato de concesión provincial y de concesión municipal, las reglamentaciones, actos administrativos de alcance particular y jurisprudencia que al efecto se dicten en el ejercicio de la función administrativa regulatoria y judicial respectiva.

Asimismo, en el marco regulatorio se establecen principios rectores que obran como puntos fijos de referencia obligatoria para el cumplimiento de los fines del servicio público y su regulación. En ese sentido es dable destacar los siguientes: proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; establecer un régimen tarifario y de prestación de servicios único; promover actividades económicamente viables; alentar inversiones para asegurar a los usuarios el abastecimiento; garantizar la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de electricidad; asegurar que las tarifas que se apliquen sean justas y razonables; alentar la competitividad donde ello sea posible; planificar y promover el desarrollo electroenergético provincial, asegurando metas de expansión y mejoramiento del servicio y asegurar adecuadamente la protección del medio ambiente.

También la Ley califica a la actividad de generación de interés general cuando el abastecimiento esté destinado a un servicio público y de servicio público a las actividades de transporte y distribución, implicando ello una regulación eficiente para el bien común, bajo los principios de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad y obligatoriedad.

El rol estatal en materia de servicio público de electricidad es de importancia gravitante, teniendo en cuenta que el acceso al servicio está considerado como un bien humano básico, directamente relacionado con el desarrollo de los fines existenciales de la persona humana, y respecto del cual la tutela y promoción de la vida, salud, educación y acceso a la cultura se potencian.